Las crisis nacionales e internacionales, especialmente las sanitarias, son una oportunidad para el afianzamiento de las autocracias. Por la pandemia del coronavirus se impusieron confinamientos, mascarillas, toques de queda, prohibición de reuniones, intervenciones económicas, injerencia en la vida privada, aplazamiento de elecciones y otras medidas que, en circunstancias normales, la ciudadanía no hubiese tolerado con tal sumisión. La pandemia demostró que las crisis sirven para el fortalecimiento de proyectos populistas y autoritarios. Son “música celestial para los dictadores y los autócratas” (Naím, 2022). Los que enarbolamos la democracia y la dignidad humana debemos entender cómo las crisis climáticas y sanitarias ponen a prueba el Estado de Derecho y qué deberíamos hacer al respecto.

Una de las características de los populistas es el discurso del catastrofismo y el adanismo, que no es más que esa premisa mezquina de que nada positivo se ha hecho con anterioridad frente a algún problema. El catastrofismo insufla desesperanza diciendo que todo es caos, corrupción y disfunción institucional. Esa “liquidación adanista” catastrofista, permite a demagogos obtener rentabilidades, a largo plazo insostenibles, pero a corto plazo suficientes para ganar elecciones, sobrevivir en el poder o concentrar poderes constitucionales (Rajoy, 2021).

Una ética humanista integral invita a condenar el catastrofismo adanista. Manipular masivamente las emociones es una contradicción en aquellos demócratas que buscan la perfectibilidad de sus sociedades. Un discurso alejado de esa posverdad que no discrimina entre verdad y mentira es lo que toca.

Se ha convertido en tendencia ciertas formas espectaculares e histriónicas de protestas por parte de grupos de supuesta resistencia civil, conspiranoicos o ecologistas. Desde vandalizar obras de arte, pasando por desparramar productos de origen animal en supermercados, hasta obstaculizar vías públicas. Los perpetradores de estas prácticas cometen el error de computar su éxito en la medida en que sus actos se hacen “virales”.

Este error de medición consiste en sólo contabilizar las vistas, me gusta y reproducciones de sus vídeos a través de redes. Ignoran o menosprecian el contenido de comentarios que se hacen. Si hicieran un análisis serio, advertirían la profunda animadversión que sus actos provocan. Los demócratas han de considerar la moderación y el comedimiento como su signo distintivo político en las buenas, en las malas y en las peores. Al fin y al cabo, el dirigente, y no el dirigido, es quien debe contenerse con templanza y ecuanimidad en medio de la adversidad.

El coronavirus marcó el hito definitivo de una digitalización que ya venía creciendo desde hace décadas en el mundo de la economía, del trabajo e incluso de las relaciones sociales. La digitalización conlleva mayores niveles de vulneración de la privacidad y los datos personales. Es la mejor vía para la vigilancia masiva por el costo relativamente asequibles de equipos de espionaje y por la alta eficiencia de éstos.
Siguiendo directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un mapa de contagio de un individuo se convirtió en parte del protocolo normal. Corea del Sur, Singapur e Israel desarrollaron formas de utilizar la telefonía móvil para el rastreo, localización y detención de personas que figuraban en dichos mapas. India o Australia exigían que las personas en cuarentena subieran selfis con geolocalización activada para comprobar que estaban en casa. En Hong Kong aún se obliga a miles de viajeros a usar brazaletes electrónicos de geolocalización. Lo normal y ordinario en una sociedad orwelliana en todo el sentido de la palabra.

Los defensores de la democracia están llamados a fortalecer los regímenes de protección de la privacidad y de datos personales. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea emitido en el año 2016 o el Convenio 108 Modernizado del Consejo de Europa, son la vanguardia y referencia para las legislaciones de aquellos países con evidente rezago en la materia. Una medida importante en este ámbito es la creación de órganos de control y defensa con suficiente independencia política y administrativa para llevar a cabo su labor con efectividad y fuerza sancionatoria.

Los estados de excepción son situaciones que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas bajo su jurisdicción. Existen modalidades como estado de defensa, estado de conmoción interior o estado de emergencia. La idea es la suspensión de los derechos fundamentales ordinarios para facilitar el ejercicio extraordinario del poder que ameritan situaciones como el coronavirus. Pero en algunos casos fue evidente que obedecieron a autoritarismos y populismos ocultos.

López Obrador, Bolsonaro, Johnson, Trump, Maduro o Bukele, olfatearon una oportunidad para desplegar sus habilidades demagógicas. Xi Jinping en China y Erdogan en Turquía, la aprovecharon para reforzar la concentración de poderes constitucionales, reprimir la disidencia o someter minorías étnicas como los uigures. Orbán en Hungría, alegando medidas de salud pública, cerró el parlamento, limitó los tribunales de justicia y aplazó indefinidamente las elecciones. De esta forma, el primer ministro se alzó con el control absoluto del Estado húngaro.

El Estado de derecho es un pilar fundamental de las democracias. El sometimiento de todos al imperio de la ley aplicada por jueces libres e independientes es la mejor garantía de calidad democrática. En consecuencia, los estados de excepción no pueden perder de vista esta realidad esencial a la hora de regular estas situaciones, a riesgo de subvertirse a sí mismos mediante peligrosas pseudoleyes.
La crisis desnudó la realidad de buena parte de los Estados que, si bien es cierto que tenían previsto los estados de excepción, no menos cierto es que sufrieron consecuencias por graves limitaciones, carencias y debilidades legislativas. Los demócratas están llamados a reformar estos regímenes estableciendo principios de aplicación fuertes, claridad en cuanto a derechos fundamentales “intocables”, limitantes de actuación, controles parlamentarios y judiciales, entre otros.

Existen procedimientos de compras de emergencia con motivo de estados de excepción. El objetivo es que, en aras de una eficaz respuesta a la crisis, se eliminen controles ordinarios y se acorten plazos para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Las legislaciones de América Latina no fueron ni suficientes ni adecuadas para evitar o minimizar la corrupción. Grandes casos de corrupción sacudieron naciones como Paraguay, Panamá o República Dominicana con motivo de la emergencia.

Las crisis sanitarias y climáticas son idóneas y atractivas para las estructuras de corrupción. En consecuencia, los demócratas están llamados a fortalecer las legislaciones en materia de control y cumplimiento gubernamental en contrataciones públicas de emergencia. No existe mayor enemigo interno de la democracia y del Estado de derecho que la corrupción. No permitamos que estas crisis sean motivo de frote de manos de algunos pocos en detrimento de todos nosotros.

Por: Nilo De La Rosa